| Adiós al juez Garzón |
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| Escrito por Viejo Topo | ||
| Martes, 14 de Febrero de 2012 23:36 | ||
Cómo cayó uno de los ídolos de los derechos humanos
Escribe: Alonso Olivares
Defendido por organizaciones de “derechos humanos”, The New York Times, el poeta Marcos Ana y diputados de Izquierda Unida, el juez Baltasar Garzón, el adalid de la “memoria”, la “no impunidad”, y la “imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad”, afronta días aciagos en su carrera profesional que acaba de ser lapidada por el mismísimo sistema judicial español con 11 años de inhabilitación por ordenar escuchas entre los sentenciados por delitos de corrupción y sus abogados.
Son tres los casos en los que este ex juez ha pasado de acusador a acusado. El primero de ellos, el caso Gürtel, ha llegado a incluir a miembros del Partido Popular, con antecedentes históricos en los franquistas, los vencedores de la Guerra Civil Española, hoy en el Gobierno. El segundo caso está relacionado con un recibimiento de dinero como “agradecimiento” de grandes bancos por sus servicios como conferencista. El tercer caso gira en torno a los hechos políticos de la guerra, pero esta vez, al mecanismo que permitió la superación de ese conflicto: la amnistía general de 1977.
Ahora bien, los dos primeros casos ya han sido resueltos. Los jueces han dejado para el último, el que tiene mayores connotaciones políticas. ¿Cuestión de estrategia? Claramente. Es claro que la Justicia en el sistema capitalista deba presentarse bajo ribetes de “independencia” de tal manera que los fallos luzcan impecables, sin injerencia de ninguna índole. Sin embargo, se trata de Baltasar Garzón, un ex magistrado que ha construido su prestigio sobre la base de casos altamente politizados: Pinochet, la dictadura argentina y la Guerra Civil de su país.
Garzón no solo era un juez sino también un político de los “derechos humanos” con una ideología que hoy está en boga y es más, constituye una corriente en el campo de las Leyes. Tiene una base social. Un discurso: la memoria. Puede haber terminado la carrera de Garzón como juez pero ahora tendrá que demostrar que la política es su fuerte. Sus discípulos tendrán también que demostrarlo.
Mientras los asesores de la CVR, admiradores de Garzón, levantan monumentos a “la memoria” la “no impunidad”, la “Humanidad”, la “Paz” y la “Civilización”, olvidan que los hechos políticos han generado esas ideas políticas. Olvidan que la Revolución francesa tuvo su Robespierre, su Terror, su guillotina y su Napoleón.
Los batalladores por la “memoria” gozan de una memoria selectiva. Desde la Segunda Guerra Mundial para adelante. Y su táctica es la “victimización” (la mayoría de muertos en una guerra son víctimas) y la diferencia entre ejecuciones extrajudiciales y judiciales. En el fondo esa táctica justifica la violencia reaccionaria del Estado.
Entonces, veamos los argumentos legales que se han esgrimido tanto de uno y de otro lado. Y dejemos para el final el motivo político principal por el cual la Historia no le da la razón a este ídolo de barro de la diosa Justicia.
Caso Gürtel
 La voz alemana «gürtel» significa "cinturón" en español, y es una palabra semejante a «gurt», que significa "correa". Precisamente, Correa es el apellido del empresario protagonista del caso, denunciado por El País y que tuvo por juez a Garzón.
Este caso ya lleva tres años de iniciado. Para ser exactos, en febrero de 2009 comenzaron las investigaciones de una red de corrupción política vinculada al PP.
Las escuchas fueron ordenadas por Garzón y después fueron avaladas y prorrogadas por el juez Antonio Pedreira, instructor del Tribunal Superior de Madrid, hasta mayo, según el diario El Norte de Castilla.
Pero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en marzo de 2010, anuló las escuchas grabadas en la cárcel ordenadas por el Juez Garzón entre los imputados y sus abogados, quienes querellaron al magistrado ese mismo año. Ya en abril de ese año el Tribunal consideró “ilícitas” las intervenciones telefónicas.
"El TS nunca debió aceptar ese caso", ha imprecado The New York Times, refiriéndose a este primer proceso y juzgamiento contra el “verdugo del franquismo”. Pero sus quejas no han hecho eco en la imperturbabilidad de los jueces españoles quienes dictaminaron que Garzón restringió el derecho de defensa de los acusados y violó la ley.
Cohecho impropio y prescripción del segundo caso
Unas de cal y otras de arena. Esta vez fue de arena para Garzón. Este rechazó las acusaciones del instructor en el Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que le imputó un delito de cohecho impropio. Además, el ex juez acusó al magistrado de construir “interpretación sesgada, parcial y no verdadera” y hacer afirmaciones “tan graves como inciertas”.
Esto es lo que dijo el Tribunal Supremo: “En efecto, de lo investigado ha quedado suficientemente acreditado –siempre en el plano indiciario– que el dinero entregado a petición del querellado e ingresado en las cuentas de la Universidad de Nueva York lo fue en consideración al cargo jurisdiccional de D. Baltasar Garzón. No existen datos que avalen la idea de que esa aportación económica fuera más allá del propósito de generar un estado de agradecimiento en el receptor. En eso consiste el cohecho impropio”.
Por su parte, los abogados que presentaron la querella contra Baltasar Garzón por los cobros que recibió mientras impartió unos cursos en Nueva York, pidieron que este sea acusado de prevaricación y de un delito de extorsión, castigado con penas de cárcel, en el recurso que presentarán contra el auto que da por concluida la instrucción.
Para los querellantes, Garzón “se coloca en una postura insostenible al negar la evidencia de sus solicitudes de patrocinios a grandes empresas, “ex clientes” o “potenciales clientes” de la Audiencia, que constan acreditadas en el proceso”.
Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón aseguraron que Garzón solicitó 2.595.375 dólares y obtuvo 1.237.000 del Santander, Telefónica, BBVA, Cepsa y Endesa. Además, sostuvieron que el juez “está negando la evidencia olvidando las variadas pruebas que le incriminan, entre ellas la famosa carta de ‘Querido Emilio’, en la que pide al presidente del Banco Santander que le autorice un presupuesto para los cursos que él dirige, y de cuyos fondos se pagó el salario de su asistente personal, así como otros gastos”, indicaron.
“Las conductas que describe Marchena, que Garzón se valió del cargo para obtener fondos de grandes empresas anteriores o potenciales clientes de su Juzgado y de los Juzgados de la Audiencia Nacional, podrían encajar en un delito continuado de extorsión”, concluyeron estos letrados.
Según fuentes judiciales, desde el momento de la condena del Tribunal Supremo, se pierde la competencia del mismo y la causa pasa a los juzgados ordinarios de Madrid.
Entonces, se estimaba que el juez Marchena decidiría si abrir un juicio oral como pedía la acusación, o el sobreseimiento como reclamaba la defensa y el fiscal. Si se decidía por un juicio oral, se debería remitir al juzgado pertinente.
Sin embargo, ayer fue sobreseído este segundo caso por el magistrado Manuel Marchena quien acordó el archivo de las actuaciones al considerarlas prescritas, tal y como defendían la Fiscalía y el abogado de Garzón, Enrique Molina.
Prevaricador Garzón contra la Ley de Amnistía del 77
Por otra parte, la organización Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad ejercen la acusación popular contra Garzón por investigar 114,000 desapariciones durante la Guerra Civil, la cual ya fue históricamente superada por la Ley de Amnistía del 77. 20 años de inhabilitación piden para Garzón por el delito de prevaricación, es decir abuso de autoridad, por cuanto el cuestionado juez había reabierto los casos cuando ya los demás jueces los cancelaron y, es más, no estaban dentro de su jurisdicción.
Pero para quien intentó juzgar a Pinochet cuando este estaba en Inglaterra, no había límites jurisdiccionales. Los “delitos de lesa humanidad”, o más bien, los hechos políticos de guerras pasadas, según este expulsado juez, no son solo imprescriptibles en el tiempo sino que no tienen cotos jurisdiccionales ni territoriales. Sin embargo, Garzón halló una barrera a su prevaricato puesto que la acusación popular ya ha sido admitida a trámite.
El editorial de The New York Times reconoce que existe una Ley de Amnistía de 1977 que impediría el procesamiento judicial de estos delitos, pero Garzón "alega con justicia que según el Derecho Internacional no puede existir amnistía para los crímenes contra la Humanidad y que las desapariciones no resueltas suponen un delito vigente", señala de manera contradictoria NYT.
NYT como todos los defensores de Garzón actúan guiados por opiniones políticas (el discurso de la “memoria” y “la no impunidad”) más que jurídicas.
Los delitos que intentó juzgar Garzón ya han prescrito por la Ley de Amnistía de 1977. El concepto de "crímenes contra la Humanidad" en el que se amparaba Garzón se desarrolló con posterioridad a los delitos (irretroactividad de la norma penal). No hay autores imputables por los crímenes debido a su defunción (todos está muertos) y, por último, la competencia para abrir las fosas en todo caso correspondería a los juzgados territoriales.
El abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante indicó que el juicio contra Garzón quedará visto para sentencia en el Tribunal Supremo español.
El letrado también incorporó a su informe, como antecedente, el auto de Garzón en el que archivó una querella contra el histórico dirigente “comunista” Santiago Carrillo por los llamados sucesos de Paracuellos, al considerar que habían prescrito.
Se refiere al fusilamiento en 1936 de centenares de prisioneros opuestos a los republicanos, enterrados en fosas comunes en las localidades cercanas de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. Carrillo, que tenía entonces 21 años, era consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid.
La inclusión de este auto en el informe de la acusación de Garzón provocó la protesta de su abogado defensor, Gonzalo Martínez-Fresneda, quien dijo que el nuevo escrito “desborda groseramente el marco acusatorio” de este juicio.
Tanto la defensa de Garzón como el fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas confirmaron su petición de absolución, antes de que cada una de las partes exponga sus informes definitivos.
¿Qué le queda a Garzón?
Para inhabilitar la expulsión de la carrera judicial, según los medios españoles existe la posibilidad de nulidad a las actuaciones del Tribunal Supremo, lo que se suele rechazar. Usando esta opción el acusado puede recurrir a la Constitución y explicar los derechos fundamentales que pueden haber sido vulnerados.
La otra opción, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en último recurso podría denunciar a la ONU la vulneración de los Derechos Civiles y Políticos.
Colofón
Las batallas por la “memoria” ha perdido a uno de sus generalísimos. Los asesores de la CVR atinan a propalar que “hay voluntad política detrás de estos fallos”. Y ocultan que también de su parte hay voluntad política para ejercer la defensa simbólica de Garzón.
Los “derechos humanos” nacieron con los cañones de las revoluciones burguesas hoy obsoletas como sus íconos de la “Libertad”, “Democracia”, “Civilización” y “Paz”. Las “primaveras democráticas” de Medio Oriente tan propagandizadas por la prensa del imperialismo norteamericano son útiles para justificar invasiones. No en vano Rusia hoy defiende a Siria.
Los crímenes cometidos por el gran capital a diario y hoy durante la crisis económica son los que menos importa para jueces como Garzón. Estos crímenes cotidianos son los que generan los conflictos sociales y las guerras. Garzón solo cumplía el papel de maquillador del rostro hipócrita del sistema democrático-liberal. |
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Comentarios
Ha perseguido y clausurado al periodismo más crítico con el régimen (Egin, Egunkaria). Ha prohibido conciertos de conjuntos musicales opositores (Soziedad Alkohólika, Manu Chao). Ha llegado a ilegalizar huelgas convocadas por el sindicato LAB, o a inculpar a los abogados defensores por complicidad con sus defendidos (cercenando, en la práctica, el derecho a la defensa). Sin embargo, con su imparcialidad habitual, se ha negado en redondo a abrir diligencias para investigar las miles de estremecedoras denuncias de tortura de prisioneros a su cargo.
La justicia tiene un sello de clase, y es consecuencia del sistema económico y social al cual le tiene que servir. Y con ello la verdad también tiene un sello de clase, pues la verdad para los capitalistas es una y para los obreros, trabajadores en general y campesinos, otra. Para los ricos y explotadores (incluye a los imperialistas y burgueses nacionales) explotar, oprimir es lo justo pues les hace crecer su alforja millonaria engañando que es lo mejor para las naciones; para la clase y el pueblo es justamente lo contrario pues esta justicia los condena a una nueva forma de esclavitud y someterse a ella les impide concretar su máxima aspiración: el desarrollo general del ser humano, que les llevará a la sociedad de igualdad y armonía.
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