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Promotores carecieron de planteamientos políticos claros respecto a transnacionales mineras

Organizaciones de base les enmendaron la plana

 

Redacción Viejo Topo / Fotografía de portada: Charlie Jara

 

Comenzó alrededor de las 3:00 pm. y congregó a diversas organizaciones populares y sindicales. En su gran mayoría provenientes del norte del país, las distintas agrupaciones iniciaron su recorrido por la Av. Colmena, luego siguieron por Wilson hasta llegar a la Av. Grau y dar la vuelta por la Av. Abancay y finalizar en la Plaza San Martín con un mitin.

 

El Presidente Regional de Cajamarca Gregorio santos, el Presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca Wilfredo Saavedra y el líder del Movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana fueron los coordinadores de la protesta.

 

Una delegación de organizadores de la movilización acudió al Congreso de la República y entregó dos proyectos de ley, uno para prohibir la actividad minera en las cabeceras de cuencas hídricas -como el caso de Conga, de capitales mayoritariamente estadounidense y apoyado por el Gobierno.

 

 Además, entregaron otra propuesta para proscribir el uso de sustancias de alta toxicidad como el mercurio y el cianuro en la explotación minera, por ser extremadamente nocivos para los recursos naturales.

 

Arana señaló que si las iniciativas no son aprobadas, las organizaciones sociales analizarán la posibilidad de realizar un paro nacional en defensa del agua y contra proyectos como Conga.

 

Días atrás había manifestado refiriéndose al premier, el militar en retiro Óscar Valdés: “A él le decimos que su peritaje tiene que tener un sustento más técnico que político”. Ya en el mitin Arana remarcó que el Proyecto Conga “no va bajo las actuales condiciones”. Queda claro que para dirigentes como Arana la solución es “técnica” y “medioambientalista” y no política.

 

Otro que apuntó sobre el premier fue Saavedra: “La lucha es contra [Óscar] Valdés. Le pedimos hoy que se vaya a su casa”. De esta manera el problema del Proyecto Conga, según Saavedra, sería resuelto mediante un nuevo Premier.

 

Por su parte, Gregorio Santos fue un poco más allá y declaró: “Si no levantamos un programa de nuevo país, con una nueva Constitución y un nuevo Congreso, no habrá cambios de fondo, solo serán de forma”.

 

 

Sin embargo, ninguno de los organizadores manifestó una posición definida respecto al Gobierno y el Estado, la política económica neoliberal que tiene como punta de lanza hoy a las transnacionales mineras de la gran burguesía y el imperialismo; mucho menos se escuchó de su parte alguna opinión sobre la persecución política a las organizaciones populares.

 

Fueron organizaciones de base las que manifestaron planteamientos políticos de fondo. Entre ellas estuvieron el Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial – Lima, el Comité de Apoyo a la lucha del pueblo chileno, la Coordinadora por Trabajo y Desarrollo en La Parada, el Taller Femenino de Estudio Ventura Callamaqui, el Frente de Trabajadores en Construcción Civil Zona 7 de Octubre – El Agustino, la Secretaría Regional del Sutep Puno, el Centro de Difusión de Arte Nacional, el Colectivo Ramones, el Centro Cultural LILA, el Grupo Zona Liberada, el Colectivo Muertos de Hambre (Grafitti), el Frente de Organizaciones Populares, el Sute Regional Callao y la Asamblea de Pueblos de Arequipa.

 

Estas organizaciones rechazaron mediante un comunicado conjunto “el proceso de militarización que desenvuelve el Gobierno reaccionario de Ollanta Humala del que deriva un completo apoyo a la derecha, marginación de la izquierda y control y manejo contra la lucha popular”.

 

Asimismo, hicieron un deslinde con el Estado el cual “busca contener o aplastar el movimiento popular, desconocer a las organizaciones populares y a sus dirigentes y dividir para seguir aplicando el modelo económico neoliberal”.

 

Indicaron su apoyo a “la lucha popular por la defensa del agua y la tierra, particularmente contra esa minería socavadora de la agricultura y del medio ambiente en Cajamarca, Puno, Valle del Tambo, etc”.

 

Asimismo, propusieron que también se defienda “la libertad de pensamiento, el derecho de organización, el derecho al trabajo, el aumento de sueldos y salarios y los derechos fundamentales”.

 

Otras agrupaciones populares y sindicales de Lima que participaron fueron Grupo de Estudios Sembrador, Movimiento José María Arguedas, Integración Estudiantil, la Jotacé-Patria Roja, la CGTP, el Sindicato de SEDAPAL, ENAPU, la FENDUP y el Colectivo Dignidad.

 

 

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