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La sociedad peruana está llegando a una conclusión clara: Ha llegado la hora de voltear la página del conflicto interno vivido –con todos sus dramas, enconos y desgarraduras- y pasar a otra etapa. El asunto central para tal cometido se llama amnistía general.

Escribe: Marcial Huamán

 

En este setiembre que se va se suscitaron diversos hechos convergentes sobre el asunto de la amnistía general. Desde el Ejecutivo, el Ministro de Defensa Daniel Mora esbozó la idea de una solución de Punto Final. El titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, el fujimorista Rolando Reátegui, planteó la posibilidad de tratar una propuesta para la libertad del líder maoísta, Abimael Guzmán Reinoso.

 

Paradójicamente y como expresión de la oposición a esta necesidad, se detuvo hace una semana a 7 activistas del Movadef por pedir, mediante unas pintas murales, una amnistía general y por pedir la libertad del mencionado líder subversivo. Sobre el derecho a expresar las ideas y sobre las arbitrarias detenciones, los defensores acérrimos de los derechos humanos guardan el silencio cómplice de siempre. El farisaico doble rasero.

 

El mayor Antauro Humala Tasso dijo hace poco desde prisión: “Tanto el humalismo y el fujimorismo constituyen los dos tercios del electorado, y este hecho debería ser suficiente para reconocer la legitimidad de un proceso de reconciliación nacional que los incluya”. Hay, a ojos vista, un consenso básico sobre el tema.

 

CVR trató con pétalos de rosas a Alan García Pérez

La única fuerza –si cabe el término- que se opone hoy a una solución política y que optó por la judicialización de los delitos políticos de ambas partes del conflicto fue la izquierda burguesa, autora principal del informe de la CVR que, por cierto, volvió a ver pasar un año más sin pena ni gloria.

 

Actualmente, este sector está en calidad de apoyo del gobierno de Ollanta Humala. Nótese la prepotencia de la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, respecto al pedido de indulto de Antauro Humala, diciendo que la exposición mediática que recibe el líder etnocacerista Antauro Humala es “inaceptable” y que, con ello, solo se busca perjudicar la gestión del presidente. Hace un año el neosenderólogo Carlos Tapia, afirmaba que “pedir amnistía general es una tontería” y hace un par de meses llamaba a la represión y persecución del Movadef con el ardid de que éste actuaba con una estructura clandestina para destruir la democracia. Finalmente, para la afligida materia gris de la izquierda burguesa, Salomón Lernes Flores, la amnistía general es “impunidad”, y sostiene que frente al olvido que propende esta solución de carácter histórico, él está por la memoria. Claro, cierta conveniente memoria.

 

	General Wilson Barrantes está por amnistía general

Decía Antauro Humala, en una entrevista a La Razón (09/09/11), respecto a la subversión maoísta que desarrolló la guerra popular 1980-1992: “No se ha agotado la evaluación del fenómeno senderista, es decir, solo se ha escuchado a una de las partes y no a la otra y corresponde hacerlo en el marco de un auténtico proceso de reconciliación nacional”. Preguntamos, a propósito de la verdad histórica: ¿Qué posición tiene el grueso sector que combatió a la subversión, en representación del Estado, respecto al informe de la CVR? Está en contra, salvo los herederos de Belaúnde, y salvo García Pérez, también responsables de las políticas de Estado antisubversivas, cuyos gobiernos fueron pasados por aguas de malva en el mencionado Informe.

 

La izquierda burguesa no sólo tiene responsabilidad en una de las más gruesas falsificaciones de la historia peruana al inflar las cifras del conflicto para cargárselas a la subversión, sino en el clima de encono y de enfrentamiento social que crispa a la sociedad peruana.

 

Fue opositora a un acuerdo de paz que concluyera el conflicto interno y que pusiera fin al derramamiento de sangre cuando los líderes subversivos la propusieron desde prisión los años 93 y 94; y es opuesta a una amnistía general que abra camino a una reconciliación nacional sin vencedores ni vencidos, sin enconos y sin persecuciones. En cualquier parte del mundo, el que los alzados en armas propongan soluciones de este tipo es bienvenido y saludado, no atacado como hizo y sigue haciendo la izquierda burguesa, caviar o light.

 

¿Por qué es opuesta a una amnistía general? Porque las heridas de la guerra son su modus operandi y la defensa de los derechos humanos su especialidad académica y profesional con la cual viven cómodamente en distritos exclusivos en la capital peruana. Regentan algunas de las más importantes universidades privadas y desde ahí tienen un soporte ideológico y económico para defenderse y difundir sus posiciones. En premio a la labor de los derechos humanos y algunas otras banderas –que nos encargaremos de ir esclareciendo- reciben subvenciones del exterior para solventar sus millonarias ONG “sin fines de lucro”. ONG, además, explotadoras del trabajo intelectual barato, y plagadas de denuncias por sus prácticas discriminatorias.

 

Pero habría que pensar, además, qué les mueve en esa especialísima fijación contra los líderes subversivos. Carlos Iván Degregori publicó, justo antes de su fallecimiento, una compilación de sus principales ataques contra la subversión desde el IEP, herramienta editorial de la izquierda burguesa académica. Claro, el blanco favorito de siempre, y sin capacidad para defenderse por los 19 años de prisión, fue Abimael Guzmán.

 

Pedir la libertad de Abimael Guzmán es "apología al terrorismo", según Dircote

El argumento descalificador preferido contra la subversión maoísta es que ellos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y que cometieron “genocidio”. Lo real es que las sentencias contra la dirección del Partido Comunista del Perú, no contempla ninguna de esas tipificaciones. Más aún, como lo esclarece el jurista Manuel Fajardo en una entrevista de este medio, se le aplicó ilegalmente –y como gran aporte de la izquierda burguesa al Megaproceso- la “autoría mediata”, que no figuraba en el Código Penal Peruano.

 

Consideramos, por tanto, que la otra razón de fondo de la oposición a la amnistía general –aparte de los dólares- es el temor a que una fuerza que atravesó consecuentemente prisión, destierro y muerte, tenga vida en la política nacional.

 

	Organismos de DDHH, lucran con los problemas derivados de los conflictos internos.

El penoso y triste papel de este sector social y académico de amplia ramificación internacional, así como su perspectiva, consideramos, está graficado en lo que ocurre con las venerables madres de la Plaza de Mayo, en Argentina. Convertidas por esta corriente política e ideológica vinculada a los derechos humanos, en empresarias que manejan negocios turbios y puestos al servicio del mejor postor.

 

La amnistía general –solución que considera el conjunto de los intereses del Perú como sociedad y no mezquinas parcelas- es parte componente de un enfoque y solución en el terreno político y no meramente judicial. ¿Y por qué tiene que ser un enfoque de esa naturaleza? Porque la naturaleza de los hechos que se imputa a los aún requisitoriados – que suman más de 20,000 dentro y fuera del país-, a los que se mantienen en armas o a los cientos de sentenciados –de ambos bandos- y que purgan condenas en muchos casos de más de 20 años, son de estricta naturaleza política.

 

Son delitos de naturaleza política, que además comprometieron al conjunto de la sociedad peruana: Unos por subvertir el orden y otros por defenderlo. Y fue así porque el Perú vivió un conflicto interno de vastas proporciones que se expandió a todo el territorio nacional e involucró a todos. Esto lo admite la propia CVR en su primera conclusión: “El conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República”.

 

Las amnistías generales funcionan bajo dos condiciones fundamentales: Una, cuando el delito cometido es de naturaleza política. Y dos, cuando el conflicto interno ya concluyó.

	Amnistia general implica también que el Estado asuma su responsabilidad política

Dice este indispensable texto de Ginebra: "A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el Poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado" (Protocolo II Adicional de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, en el Título II, Artículo 6º, Inciso 5)

 

En el Perú hubo conflicto interno, guerra civil, o como se le llame, o sea asunto netamente político. Y la propia CVR lo admite en una de sus conclusiones: "…El proceso de violencia de origen político que se vivió en el Perú entre los años 1980 y 2000". Eso es lo primero.

 

En segundo término, el conflicto interno ya terminó. Y lo que queda como rezagos, muchas veces usados en contra del propio movimiento popular, como la lucha cocalera, pueden resolverse también mediante la amnistía general. Antauro Humala acaba de recordar, que el camarada Artemio del Huallaga, está por esta solución.

 

Pero además, el hecho de que la legislación para tiempos de guerra siga, en lo fundamental, vigente, ha posibilitado extremas sanciones penales tanto para los casos de la lucha popular, como para los de los sucesos tipo Andahuaylas, con Antauro Humala a la cabeza. Estos delitos político-sociales, entran también dentro de una solución política llamada amnistía general.

 

Una amnistía general, ahora, sería un trascendental paso político propiciado por el Congreso. Es más, si se analiza el proceso seguido desde el propio gobierno de Alan García Pérez, y las diversas posiciones citadas al iniciar el presente artículo, se puede afirmar que la amnistía general, ya en lo fundamental, se ha impuesto en la conciencia del Estado. Es una tendencia que se ha impuesto y que necesita un impulso a fin de que se concrete.

 

Propuso la amnistía general Abimael Guzmán Reinoso por el 93. Luego le siguieron Javier Valle Riestra, Armando Villanueva del Campo y otros; y es que el APRA ha sido la organización que, motines y acciones armadas de por medio, fue la mayor beneficiaria de estas amnistías en el siglo XX. También un general del EP, Wilson Barrantes, está por amnistía general.

 

¿Por qué la farisea izquierda burguesa peruana tiene que prevalecer contra esta necesidad que se va volviendo un clamor general en el Perú?