Viejo Topo - Al Servicio de los de abajo

 

Escribe: Marcial Huamán

 

Izquierda burguesa no pasa

 

Se ha venido impulsando en el mundo una tendencia para cuestionar las amnistías generales (El Salvador, Brasil, España) con el pretexto de la “lucha contra la impunidad”.

 

El caso salvadoreño –que vivió un conflicto armado interno similar al peruano- es emblemático porque, en su resolución del año 2000, la Fiscalía General de la República ya se abstuvo de pronunciarse respecto a una demanda para derogar la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz del 20 de marzo de 1993, con lo cual quedaba más bien ratificada, al pronunciarse con sólidos fundamentos jurídico-políticos.

 

El denunciante José María Tojeira Pelayo, que propugnaba la reapertura del caso de los Jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y que buscaba emular a su par español Baltazar Garzón sostenía que la Ley de Amnistía violaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la cual está adscrito El Salvador y que violaba la Constitución salvadoreña debido a que los Tratados tienen jerarquía superior a las leyes internas.

 

La Fiscalía refutó aquello diciendo que, en caso de conflicto, prevalece el Tratado Internacional sobre la Ley secundaria, pero nunca sobre la Constitución. 

 

Se notaba ya, desde entonces, la misma plantilla para la misma corriente del derechohumanismo a nivel internacional, financiada por los centros de poder imperialista, sostenedora farisea del orden de explotación y aplaudidora de las acciones guerreristas de EE.UU en el mundo, como ha ocurrido recientemente con la agresión a Libia.

 

a fin de cerrar un capítulo de enfrentamiento político y social y establecer la concordia social, se responde con “memoria, no olvido”.

¿Qué es la amnistía general?

 

En resumen, al dictarse una ley de Amnistía, los casos judiciales quedan sobreseídos definitivamente –se suspende juicio por falta de causas-, debido a que se produjeron como parte de un conflicto interno, tal es el caso de los padres jesuitas que murieron a manos del Ejército Popular de Liberación de El Salvador, en pleno conflicto armado.

 

La Fiscalía General de la República explica acerca de la amnistía, según las leyes salvadoreñas, relacionándola al derecho de gracia: “El derecho de gracia está constituido por la facultad que se reconoce a autoridades no judiciales, para extinguir una responsabilidad penal o para eliminar la pena impuesta por un delito”.

 

Y prosigue: “La amnistía es la expresión más amplia del derecho de gracia considerada por su término genérico que proviene de la voz griega “amnesis” como la falta de recuerdo u olvido”. 

 

A este principio básico que la Historia entrega a las civilizaciones, a fin de cerrar un capítulo de enfrentamiento político y social y establecer la concordia social, se responde con “memoria, no olvido”.

 

Luego dice la Fiscalía, reforzando aquello del bien común y de la armonía social a alcanzar: “Consistiendo en consecuencia en el olvido de la acción que ha generado una infracción penal y a la vez la extinción de la pena. Es decir, que el Estado renuncia circunstancialmente a su potestad penal, obedeciendo a intereses públicos, esencialmente de carácter político, considerados necesarios para llegar a una armonía social”.

 

El documento de la Fiscalía de El Salvador centra en señalar la naturaleza política del delito para que se otorgue la amnistía. En el Perú, desde el sector más recalcitrante, hasta la izquierda burguesa, hacen caso omiso a estas lecciones de otros países.

 

La política y la ley

 

En efecto, uno de los puntos clave en el Perú es la negativa de algunos sectores a aceptar la naturaleza política del conflicto armado 1980-1992. Sin embargo, es el propio documento histórico de las FF.AA. “En honor a la verdad” (2010), que reconoce el trasfondo histórico social que ocasionó el conflicto armado y el carácter político de la organización que desarrolló la guerra popular en el Perú.

 

Según el artículo 131 de la Constitución salvadoreña, es potestad –como en el Perú- de la Asamblea Legislativa otorgar amnistía. Y que, según el artículo 26, se concede por delitos políticos o delitos comunes conexos con éstos, etc.

 

La fiscalía interpreta así, de un modo claro, el asunto de la amnistía: “A partir de los planteamientos expuestos, se determina que la amnistía es una medida jurídico-política que favorece y genera impunidad en sectores beligerantes, por tanto una definición de la definición de amnistía es: “OCURSO DE GRACIA, regulado por normas jurídicas constitucionales y secundarias, concebido por el Órgano Legislativo, anteponiendo intereses  políticos y con la cual se pretende otorgar el perdón y olvido a aquellos responsables de actos considerados en la Legislación Nacional como Delitos Políticos, Comunes conexos con políticos o comunes, siempre y cuando sea cometido en masa”.

 

Enseguida se refiere al caso en cuestión, donde se puso por delante la necesidad del conjunto de la sociedad: “En el caso planteado [la muerte de los jesuitas] que se estaba viviendo en el país un proceso beligerante; además en nuestra legislación nacional se contempla la gracia de amnistía, por lo que el poder político consideró oportuno conceder dicha gracia para consolidar un proceso de paz”

 

El Salvador, España, Brasil ratifican validez de leyes de amnistía

 

Por esta razón, la Fiscalía decidió abstenerse de pronunciarse, debido a que la amnistía está en el plano de las decisiones políticas y que no le concierne. La amnistía, por tanto, siguió en pie.

 

Algo similar ocurrió en Brasil –donde se acaba de descartar la vuelta atrás en materia de leyes de amnistía de los años 70-, y similar en España –con la derrota jurídica y política de Garzón-. 

 

Queda así en pie, la solidez de la amnistía general como institución de la civilización desde hace 3,000 años para superar conflictos internos. 

 

Y es plenamente vigente, porque es una solución política en aras de que una sociedad cierre un capítulo y supere sus enfrentamientos y enconos que no le permiten avanzar.