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Conflicto armado

 

Los orígenes de la guerra interna se remontan a inicios de la década de los 80, y tuvo causas sociales, económicas y políticas. Es de lejos el fenómeno social más importante del siglo XX en nuestro país, y tuvo como actores principales al Estado peruano y al Partido Comunista del Perú.

 

El conflicto se acentuaba cada vez más a inicios de los 90 y, según estudiosos, el Estado peruano estaba en riesgo ante el desafío y cuestionamiento de la subversión, que controlaba vastas zonas del país. Pero la detención de Abimael Guzmán, jefatura del Partido Comunista del Perú,  y de altos dirigentes de aquella organización produjo un giro en el proceso de guerra interna.

 

Solución política

 

Consciente de la realidad de la lucha armada y de su organización –según diversos documentos y pronunciamientos-, Abimael Guzmán concluye que había llegado el momento de terminar la guerra, en tanto no había sido derrotada, y pasar a la lucha política sin armas conforme a la experiencia internacional, para lo cual solicitó en sendas cartas públicas conversaciones con el Estado peruano, que conduzcan a un acuerdo de paz. 

 

Ya en los lineamientos de bases para un acuerdo de paz, Guzmán plantea la necesidad de la amnistía general, en 1993, perfectamente concordante con el término de una guerra interna.

 

La búsqueda de un acuerdo de paz, se truncó por la acción militarista de una línea que buscaba proseguir la guerra sin objetivos claros ni sólidos, por la propia acción del gobierno que manipuló la ronda de conversaciones para sus fines y por el papel de la oposición política, que siempre atacó a los maoístas de “rendición” y “capitulación”.

 

Pero Guzmán y su organización persistieron en su rumbo y por el año 2001, propusieron una solución política a los problemas derivados de la guerra, en tanto que la guerra popular que dirigió había afrontado un fracaso, y debido a que una línea militarista que se opuso a concluir la guerra a tiempo, la condujo a una derrota.

 

Diversos conflictos a nivel mundial, como el de Irlanda del Norte, enseñan que es viable llegar a soluciones políticas entre fuerzas  tan opuestas, al término de una guerra interna. Estas soluciones políticas se traducen, sobre todo, en una amnistía general. Y en la amnistía general, es fundamental las libertades de todos los involucrados en el conflicto, y de todas las partes. Este paso sirve a una reconciliación nacional.

 

Los problemas derivados de la guerra interna, por supuesto, son muchos, entre ellos está la situación de los requisitoriados que suman decenas de miles, los expatriados –otro tanto-, la situación de lisiados producto de la guerra interna, y los que se mantienen en armas, etc. Es una solución que incluye la necesidad de planes de desarrollo para las zonas afectadas –hasta hoy- por la guerra interna.

 

 

Amnistía general

 

Pero en el proceso de solución política, amnistía y reconciliación, la parte que genera mayor debate y reticencias es el tema de la amnistía, y existen en nuestro medio,  posiciones a favor y en contra de ésta.

 

Uno de los mayores defensores y propulsores de un proceso de amnistía general es el MOVADEF (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales).  Uno de sus dirigentes, Alfredo Crespo, declaraba: “La amnistía general no se da en función de las personas, sino en función de la sociedad. La amnistía se da por conveniencia política”.

 

De igual manera, un sector del Ejército peruano propone una amnistía general. El Gral. (r) Wilson Barrantes plantea  que es una necesidad llevar a cabo un proceso de amnistía, y propone una comisión de reconciliación que lleve a cabo tal proceso. 

 

Y es que un proceso de amnistía es necesario para cualquier proceso de reconciliación. Brian Gormelly y Kieran McEvoy -investigadores irlandeses-, en su trabajo sobre la liberación de prisioneros políticos alrededor del mundo, plantean: “El asunto de la liberación oportuna era crucial en cualquier proceso de paz posterior a un conflicto político. Cualquiera fuesen las posiciones adoptadas por las partes en las negociaciones en un momento dado, sostendríamos que, hasta que no se resuelva el asunto de los prisioneros, no habrá ningún acuerdo para una solución final”.

 

Es así que sectores de ambas partes de un conflicto deben asumir que es necesario pasar por un proceso de amnistía y reconciliación nacional. Pero este no es un proceso nuevo. Nuestra historia política ha sido testigo de varios procesos de amnistía, como la de los años 45, 56, 70 y 80, del siglo pasado, siendo uno de los mayores beneficiados el partido aprista. Por ello, no es de extrañar que los antiguos dirigentes, Armando Villanueva y Valle Riestra,  se sumen también a la propuesta de amnistía general. 

 

Pero existe otro sector del espectro político que se opone a la amnistía. Desde los más recalcitrantes, tipo Rafael Rey o Marcos Ibazeta, hasta la izquierda burguesa tipo Carlos Tapia: “Pedir amnistía general es una tontería”, u otros como Salomón Lerner  Febres que plantean que “amnistía es impunidad”.

 

Existen causas para oponerse a un proceso de amnistía. Expresaba Alfredo Crespo en una entrevista a la televisión peruana: “La guerra que vivió nuestro país ha sido muy dolorosa. Se han perdido vidas de ambas partes. Las reacciones que hay en contra no se pueden entender de manera simplista. Pero cuando una guerra termina, los muertos son de todos y nadie tiene derecho, so pretexto de derechos humanos, a traficar con los muertos de la guerra. Porque hoy hay muchos que se dicen defensores de derechos humanos, ganan buenos sueldos y no quieren que haya una amnistía general, porque se quedan sin trabajo”.

 

 

Un tema clave, reconocido por muchos analistas de la problemática, es que hubo causas económicas y sociales que desencadenaron el conflicto, y ahí el Estado peruano tiene una responsabilidad principal. 

 

En suma, una reconciliación conlleva a que ambas partes reconozcan sus responsabilidades. La responsabilidad por haber iniciado y desarrollado la guerra subversiva, haber desafiado al Estado peruano, aunque con excesos, errores y limitaciones, fue formulada por la organización maoísta hace buen tiempo, y han planteado que realizarán oportunamente una autocrítica ante el pueblo.

 

Todo esto es fundamental para que la sociedad peruana alcance una madurez, cierre sus heridas, se reconstruya y avance.

 

Amnistía general que se abre paso

 

Existe hoy en día una tendencia dentro de la sociedad peruana por amnistía. Declaraciones como las del ex ministro de Defensa, Daniel Mora, lo confirman: “Creo que debemos llegar a una solución de punto final, de reconciliación del país, no pode¬mos estar permanentemente en esto. No puede haber juicios que se destapen después de 40 años, por eso, creo que hay que emplear la ley con toda justicia, equilibrio, pero no puede haber reparaciones solamente para las víctimas del terrorismo, también fueron víctimas muchas personas de las Fuerzas Armadas”. 

 

Y otras como la del ex-ministro Rudecindo Vega, mucho más clara aún: “Yo lo que creo es que se debe de dar amnistías a todos los sectores. Hay que tender puentes para consolidar el crecimiento económico del país. Hay que tender puentes para hacer sostenible la inclusión social. Hay que tender puentes para fortalecer la descentralización nacional”.

 

Esta última declaración es útil para entender que el tema de reconciliación nacional sirve para resolver también problemas económicos. 

 

La sociedad, en su conjunto, se beneficiaría de la sinergia producida por la reconciliación de un país. Mejoraría las relaciones internas en las comunidades donde se vivió el conflicto, generaría una menor tasa de migración, y eliminaría leyes de guerra que se mantienen hoy en día y que atentan contra el movimiento popular. En síntesis, se generaría las bases para el avance de nuestra nación.