| Veto contra Movadef: Libertad de pensamiento en cuestión |
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| Escrito por Viejo Topo | |||
| Martes, 14 de Febrero de 2012 22:17 | |||
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Que a MOVADEF se le niegue el derecho a la participación política, invocando razones de ideas, yendo contra la libertad de pensamiento, ya rebalsa. El asunto de impedir que los revolucionarios y ciudadanos comunes y corrientes participen en la vida política legal tiene larga data y no es un fenómeno aislado en el mundo, se da sobre todo en países donde imperan ideas retrógradas.
Escribe: Alberto Manzanares
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Un libro y la Inquisición rediviva
Una noche de setiembre del 2009, hace poco más de dos años, en una conferencia de prensa en el Hotel Riviera del centro de Lima se presentó el libro De puño y letra de Abimael Guzmán Reinoso, la jefatura revolucionaria maoísta que ya purga casi 20 años de prisión en el Penal –ilegal, inconstitucional e inhumano- de la Base Naval del Callao.
La reacción de la extrema derecha fue obvia: bilis pura y macartismo por doquier. El Estado peruano emprendió un juicio que terminó siendo archivado, porque ni en el evento ni en el libro hubo “apología al terrorismo”, ni nada que se le acerque.
Un sector de la prensa, por su parte, se devanaba los sesos preguntándose cómo salió el manuscrito del libro y reconvenía a la seguridad de la Base Naval de semejante desliz, llamando a drásticas sanciones a los permisivos agentes del orden.
Lo que nos pareció más llamativo, sin embargo, fue la opinión de Salomón Lerner Febres, ex rector de la Universidad Católica y ex presidente de la llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuando le preguntaron –a propósito del anuncio hecho en la Conferencia- acerca de la participación de los maoístas en la vida política en los términos del artículo 35 de la Constitución.
Respondió este gris intelectual de la izquierda burguesa: “Creemos que es inadmisible darle cabida en la política del país a un movimiento como Sendero Luminoso. Es la antipolítica”. Desde sus retrógrados fundamentos neotomistas, considera que los hechos de naturaleza política deben evaluarse desde el ángulo religioso del perdón. Más aún, desde esos mismos fundamentos, niega el carácter político de los movimientos revolucionarios que históricamente se rebelaron armadamente.
Una larga carrera de vallas
El asunto no quedó ahí. Mientras en Uruguay triunfaba un ex guerrillero tupamaro, José Mujica, y en Brasil ganaba la ex guerrillera, Dilma Rousseff, en el Perú, el impedimento a participar políticamente a los maoístas peruanos siguió su curso en una coalición de sectores cavernarios y la izquierda burguesa derechohumanista.
La izquierda burguesa está muy atrás de las posiciones demoburguesas –tipo Valle Riestra-, al analizar los problemas derivados de la guerra interna. Ni siquiera toma el crucial tema, desde el lado de la reconciliación, que sí lo asumen gente de pueblo creyente católica –véase la entrevista a doña Vilma Compani- o algunos sacerdotes con sentido común.
La extrema derecha peruana está totalmente atrás de la extrema derecha española –de raigambre franquista- que con Manuel Rajoy –reciente vencedor de Rodríguez Zapatero-, aceptó la propuesta de ETA de dejar el camino de las armas y pasar a la actividad política legal. La derecha peruana es una derecha sin luces, ni visión de país, una derecha torpe en palabras de un director periodístico neoliberal.
El tema siguió con la amenaza de García Pérez de proscribir al MOVADEF porque un grupo de jóvenes universitarios enarbolaron la amnistía general y pidieron la libertad de Abimael Guzmán Reinoso en la Universidad de San Marcos.
Siguió agravándose con la persecución a los dirigentes puneños del mismo movimiento – Abraham Cauna Toma y Vasty Lescano-. Se agudizó con la detención y prisión de Adelinda Seldemayer –dirigenta del MOVADEF-, acusándola de vínculos con lo que queda de la acción armada en el Huallaga, en momentos en que el MOVADEF definía en su I Congreso –a fines del 2010 e inicios del 2011- que se guía por el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo.
España cierra sus heridas
Dice la Constitución peruana vigente, en su artículo 3, inciso 3: “[derecho] A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión.…..”
Lo que les ocurre a los demócratas peruanos es que cuando las ideas no entran dentro del circuito de su cosmovisión, ahí si se olvidan de la teoría del otro. Ahí no rige el criterio de la tolerancia que sí la aplican, y con tanto fervor, a otros asuntos.
España, enfrentada por una guerra civil de tres años -1936-1939-, y la dictadura franquista de más de 40, logró una reconciliación mediante leyes de amnistía que ayudó a cerrar heridas y a avanzar como sociedad. Baltazar Garzón, perseguidor de ETA, pretendió dar marcha atrás a la Historia y a las leyes de amnistía y sufrió el más grave revés de su carrera, al ser sometido a juicio por prevaricato.
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Experiencia Española
1. “La solidaridad no es un delito” 2. Manifestación de la ilegalizada Batasuna 3. Propaganda contra la ola de detenciones “Dificil de mantenernos detenidos”
4. Bildu ganadora en las elecciones
Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad), una de las últimas organizaciones armadas subsistentes –entroncada de algún modo a la Guerra Civil española- en aras de la independencia del pueblo vasco, sin embargo, no la tuvo fácil. La dirección política de ETA hace tiempo que buscaba una solución política, la cual fue torpedeada un ala militarista en su interior. Muy similar al Perú.
Luego de sucesivos intentos de participación política a través de Batasuna –proscrita e impedida de participar políticamente, porque la acción armada, seguía-, apareció el Bildu, un nuevo intento que tuvo que distanciarse de la acción armada en los términos más tajantes, lo que le permitió avanzar. Sólo entonces la dirección política de ETA, en prisión, se sintió con la fuerza para proponer el fin del conflicto armado negociando una solución política que implicara amnistía general.
Bildú acaba de ganar en 96 localidades vascas, y con 88 municipios con mayoría absoluta. Hoy es la segunda fuerza política vasca.
Obviamente, uno de los pocos que se opuso a esta salida política que la sociedad española recibió con beneplácito, fue Baltazar Garzón. ¿Quién financia a Garzón, que se catapultó con el tema Pinochet, fingiendo “no a la impunidad” para lavar la cara al sistema legal del imperialismo? Lo financia EE.UU.
En Turquía, la situación ha sido diferente para los comicios de junio pasado, al eliminar la Comisión Electoral Suprema de la participación a 12 aspirantes a parlamentarios por haber cumplido condenas por diversos casos que “afectan sus competencias como candidatos”.
Seis de ellos tenían el respaldo de la BDP (Partido de la Paz y la Democracia), principal formación nacionalista kurda de Turquía, que se presentó con candidatos independientes, debido a que de otra forma no podría entrar en el Parlamento.
La mitad de los candidatos del PDP – el cuarto partido político del país- se encuentran en prisión. En el caso de la vetada Sebahat Tüncel, hoy diputada en ejercicio en el Parlamento, se presentó en los pasados comicios generales del 2007 y tras su elección fue liberada gracias a la inmunidad parlamentaria. Cumplía condena por supuestos vínculos con el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), cuyo líder Abdullah Ocalan fuera detenido en Kenya por la Mossad israelí, y que propuso los años 90 –similar al Perú- un acuerdo de paz que pusiera término a su acción armada.
También fue vetada Leyla Zana para los comicios de junio del 2011. En 1994, había sido arrestada acusada de pertenecer al PKK. Se le levantó su inmunidad parlamentaria, junto a otros diputados kurdos, entre ellos Hatip Dicle, también vetado para las elecciones de junio último.
El BDP sucedió al Partido de la Sociedad Democrática (DTP), que fue clausurado por supuestos nexos con el PKK. El pueblo kurdo es la minoría más grande en Turquía, y asciende a unos 25 millones.
De ese modo, sobre todo en países donde imperan posiciones tan retrógradas y el camino del pueblo afronta dificultades, se hace difícil la participación en la vida política. No es fácil, tampoco imposible y demanda mucha perseverancia.
No a la persecución por ideas
Desde la detención de los 7 activistas del MOVADEF –con el gobierno de Ollanta Humala -, se apreciaba ya una cosa diferente: hasta ese momento las detenciones sólo duraban horas y luego la policía se disculpaba y liberaba a los detenidos. Esta vez detuvieron por 15 días en las mazmorras de la Dircote, y con el terror blanco de las “llamadas bomba”.
El ente electoral peruano –el Jurado Nacional de Elecciones-, luego, pasó a imponer ilegalmente una cantidad adicional de firmas –cosa que no le aplicaron a Antero Flores Aráoz y su partido Orden-, e invalidando las firmas vírgenes que MOVADEF había conseguido, válidas porque ya había finalizado el período electoral anterior con las elecciones de junio. De todos modos, MOVADEF aprobó con creces la cantidad requerida -360,000 firmas recogidas, para un total de 146,000- y el ente electoral no tuvo sino que aceptarlo.
Hoy, este pujante movimiento de izquierda popular ha presentado un Recurso de Amparo contra la Resolución del 28 de noviembre del Registro de Organizaciones Políticas –ROP- del JNE, que sostiene que no es posible aceptar su solicitud de inscripción –“defecto insubsanable”- por enarbolar una ideología, el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, lo que “implica necesariamente la realización de actos de violencia”.
Según esta sección del JNE, los planteamientos del MOVADEF “no se enmarcan dentro de lo estipulado en la Constitución Política del Perú”, por lo que concluye “denegar la solicitud de inscripción”.
El Recurso de Amparo del MOVADEF sostiene que la Resolución atenta contra el derecho a la participación política establecido en el artículo 35 de la Constitución, y contra la libertad de pensamiento, que el JNE debería ser el primero en defender. Y más aún cuando la definición de su filiación ideológica, la obtuvo el MOVADEF en un evento que el propio JNE pone como requisito para su inscripción como organización política.
La Resolución del ROP deja en evidencia la aplicación del Derecho Penal del Enemigo –según lo denuncia el Recurso de Amparo-, porque se centra en acciones futuras, por tanto no realizadas. De acuerdo a la decisión del juez, que no encontró causal para que los 7 detenidos meses atrás fueran enjuiciados, el MOVADEF no representa peligro alguno para la sociedad. De modo que la fragilidad de tal Resolución salta a la vista, con dicho precedente jurídico que constituye jurisprudencia.
Decía el Dr. Manuel Fajardo, presidente de aquella formación política, en la conferencia donde presentó el Recurso de Amparo: “Ciertamente, como expresión de la contradicción, en este tipo de dificultades, el MOVADEF ha crecido y ganado la solidaridad de más amplios sectores del pueblo”.
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